El BOE de hoy, día 5 de julio, ha publicado un Real Decreto mediante el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. [TOL9.629.660]
La talidomida es un medicamento comercializado en España en dicho periodo, prescrito a las mujeres gestantes para paliar los primeros síntomas del embarazo. Sin embargo, el principio activo producía el desarrollo de enfermedades en el feto.
Ante la constancia de los efectos nocivos, en 2010 se comenzó a reconocer indemnizaciones a los afectados, aunque limitado al periodo de 1960-1965. Además, se publicó un desarrollo de los requisitos para la obtención de la ayuda, así como la cuantía de las indemnizaciones (un sólo pago entre 30.000 y 100.000 euros). En 2016 se aprobó la ampliación del alcance de dicha ayuda, extendido a los años que hoy se aplica. Para el establecimiento de los requisitos y el estudio de los casos, se establecieron dos grupos de trabajo, hasta que en 2018 se reconoció la ayuda en la Ley de Presupuestos Generales para el mismo año.
Es por ello que el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, pretende establecer una regulación complementaria que permita la ampliación del rango de años y la actualización de las contribuciones a los afectados.
Contenido del Real Decreto
El objetivo es regular los requisitos y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de ayudas a las personas afectadas por talidomida entre 1950 – 1985.
Las personas beneficiarias serán aquellas que hayan sufrido malformaciones durante el proceso de gestación en España a causa del medicamento, durante el periodo mencionado. Deberá probarse que dichas malformaciones no tienen un origen distinto. Además, deberán figurar en el Registro Estatal de Enfermedades Raras.
La cuantía se mantendrá en un pago único, sin embargo, se calculará en base al resultado de multiplicar 12.000 euros por cada punto de discapacidad reconocida. Dichas ayudas se financiarán con cargo presupuestario del ejercicio de 2023.
El plazo para su solicitud comenzará a partir de la entrada en vigor del real decreto (5 de julio de 2023), y finalizará a los tres meses. Los interesados deberán cumplimentar un documento oficial anexo al mismo y aportar la documentación requerida.
Tras la resolución de la solicitud, el pago se realizará mediante transferencia a cuenta corriente. La ayuda será compatible con otras pensiones públicas a las que tenga derecho.
Otras noticias de interés:
Delito de lesiones imprudentes de un enfermero del Valencia C. F
