El Pleno ha aprobado y remitido al Senado la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la LO del CP con la finalidad de penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar e, igualmente, a los profesionales que les asisten o participan en ello.

El texto alcanzó la mayoría absoluta necesaria por su carácter orgánico (81 CE) en los términos en los que fue aprobada por la comisión, ya que no se aprobaron enmiendas.

El Dictamen emitido por la Comisión, que mantiene el texto acordado en el informe de la Ponencia, establece penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quien acosare mediante actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos a una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente, según el texto, se aplicarán las mismas penas a quien acosare a los facultativos o directivos de los centros donde se realice la intervención.