El CMin ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. El texto será remitido al Congreso. El objetivo de esta norma es garantizar la paridad de género en la política, la administración y las empresas. De esta manera, se amplía su alcance a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional.
El proyecto de ley busca cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este busca proporcionar a las mujeres y niñas las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la toma de decisiones en todos los niveles.
Medidas propias del Proyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria
El texto amplía los objetivos de paridad y participación equilibrada. Establece que las personas de cada sexo no pueden superar el 60% ni ser menos del 40% en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional; como:
- el Tribunal Constitucional,
- el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal,
- el Tribunal de Cuentas
- y el Consejo General del Poder Judicial.
La ley modifica la legislación electoral para establecer la obligatoriedad de las listas cremallera. Donde las candidaturas deben estar integradas por personas de ambos sexos de forma alternativa, ya sea:
- en las elecciones de miembros del Congreso,
- Senado, Parlamento Europeo,
- asambleas autonómicas,
- municipios,
- consejos insulares
- y cabildos insulares.
Además, se establece el principio de representación equilibrada en el Consejo de Ministros, donde ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos. Este principio se aplica también a la designación de vicepresidentes y ministros.
La Administración General del Estado
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada ministerio incorporarán este principio en los próximos cinco años. Esta obligación se extiende a todas las entidades del sector público estatal.
El proyecto de ley también incluye el principio de representación equilibrada en distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente en el empresarial. Los consejos de administración de las sociedades cotizadas y las entidades de interés público deben tener una composición acorde con este principio. El número de mujeres no puede ser inferior al 40% del total de los miembros. Los procesos de selección deben adaptarse para garantizar este requisito.
Asimismo, se establece la obligación de velar por que la alta dirección también cumpla con el principio de representación equilibrada. La dirección detallará estas situaciones en la memoria de las empresas. El incumplimiento de estas disposiciones se considera una infracción grave.
La representación equilibrada también se cumplirá en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, en tribunales, jurados y órganos colegiados que otorguen premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades del sector público institucional estatal.
