El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, una vez que el texto ha pasado por los órganos consultivos. Tras la aprobación por el Gobierno, ya como proyecto de ley, se remitirá a las Cortes para su debate
El texto consta de 65 artículos, agrupados en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Objetivo y finalidad
El objeto de esta Ley es la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
Asimismo es objeto de la Ley el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
Las víctimas
Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978, como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo se declara el 8 de mayo, fecha de la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
Políticas integrales de Memoria Democrática
Consta de cuatro capítulos y se abre con una mención especial al papel activo de las mujeres en España como protagonistas de la lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, que por otra parte es transversal en todo el texto de la Ley.
La articulación de estas políticas integrales de Memoria Democrática se asegura a través de un plan cuatrienal de actuaciones. En el ámbito territorial, se crea un Consejo Territorial como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad.
La sección 2ª de este capítulo I se dedica a los archivos y documentación, verdadera memoria escrita del Estado. Se regula el acceso a los fondos y archivos públicos y privados, garantizando su acceso y protección, con una mención especial al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
El derecho a la justicia se regula en el capítulo II. Con este fin, se crea un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se encargará de investigar los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Las medidas de reparación están contempladas en el capítulo III. Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados.
Como medida reparadora de los que sufrieron el exilio se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española:
1.- Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
2.- Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
El capítulo IV se refiere al deber de memoria como garantía de no repetición en torno a cuatro secciones:
La sección 1ª recoge medidas sobre los símbolos públicos, que deben tener como finalidad el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia, y nunca como expresión ofensiva o de agravio. La incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes.
Con este mismo objetivo, la sección 2ª se ocupa de la revocación de las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios que supongan la exaltación de la Guerra y la Dictadura.
La sección 3ª de este capítulo recoge, con una finalidad pedagógica de fomento de los valores democráticos y de convivencia, distintas medidas relacionadas con los diferentes ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación, divulgación y otras formas de sensibilización.
La sección 4ª regula los lugares de Memoria Democrática, que tendrán una función conmemorativa y didáctica, para lo que se crea un inventario como instrumento de conocimiento.
En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes.
Extinción de fundaciones
La disposición adicional quinta regula como causa de extinción de fundaciones, por no constituir fin de interés general, la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.
Declaración de utilidad pública y disolución de asociaciones
La disposiciones adicionales sexta y séptima se refiere a las asociaciones que realicen actividades que constituyan apología del franquismo, que ensalcen el golpe de Estado y la Dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas. Se revoca la Declaración de utilidad pública, así como la previsión, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, de modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con el objeto de incluir como causa de disolución esta circunstancia.
Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España
Se constituirá una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.
