El Tribunal Constitucional de España ha aprobado un «plan de choque» para agilizar la tramitación y resolución de los recursos de amparo. «»
El plan incluye la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal utilizando un formulario. Esta simplificación permite a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa.
Plan de agilización o «plan de choque»
El formulario no sustituye a la demanda. Más bien éste tiene como objetivo facilitar que los recurrentes no incurran en defectos a la hora de redactar la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso. De esta forma, el Tribunal Constitucional sigue la línea de otros órganos jurisdiccionales que han utilizado con éxito esta fórmula, entre otros:
- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
- el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General,
- el Tribunal Supremo de Estados Unidos
- o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Asimismo, la decisión gubernativa de aprobar el «plan de choque», o plan de agilización, está motivada en la exigencia de «especial trascendencia constitucional» como requisito de admisibilidad de los recursos de amparo, introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. El cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas. La Memoria del Tribunal Constitucional del año 2022 pone de manifiesto que el 53% de los escritos de demanda adolece de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados. Esta situación ha llevado al Tribunal Constitucional a tomar esta medida.
Consejo General de la Abogacía Española
El Acuerdo aprobado ha sido remitido a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Así como al Presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, para que se difunda entre abogados y procuradores. Además, será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado. Otra de las decisiones adoptadas en el Pleno gubernativo ha sido el nombramiento de ocho nuevos letrados para cubrir las plazas vacantes. Con estas medidas, el Tribunal Constitucional espera mejorar la eficiencia y rapidez en la resolución de los recursos de amparo, lo que beneficiará a todos los ciudadanos que acudan a esta vía de protección de sus derechos fundamentales.
