Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio | Modificaciones en la regulación del recurso de casación
El Gobierno español ha publicado un Real Decreto-Ley con el objetivo de aliviar la congestión en los juzgados y tribunales. Esta medida introduce modificaciones en la regulación del recurso de casación en los ámbitos penal, contencioso-administrativo, civil y laboral para hacer frente al creciente número de litigios que está generando congestión en el sistema judicial.
Modificaciones en la regulación del recurso de casación por cada ámbito
Ámbito penal
En el ámbito penal, se establece que para interponer un recurso de casación se debe incluir un breve resumen de los motivos y citar el precepto del Código Penal que se considera vulnerado. De lo contrario, tanto la Audiencia Provincial como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podrán no admitir el recurso.
Ámbito contencioso-administrativo
En el ámbito contencioso-administrativo, se mejora el mecanismo del pleito testigo para gestionar de manera más eficiente la litigiosidad en masa. Esto será especialmente útil para la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que se enfrenta a miles de recursos relacionados con la responsabilidad patrimonial por la declaración de inconstitucionalidad de los Reales Decretos durante la pandemia de COVID-19.
Ámbito civil
En el ámbito civil, se modifica el régimen del recurso de casación para abordar la separación de denuncias por infracciones procesales o sustantivas, que ha generado dos recursos diferentes. Esta separación no resulta operativa en el desarrollo actual del derecho privado.
Ámbito social
En el orden social, se introducen diversas modificaciones, como la eliminación del recurso contra el auto de inadmisión por falta de subsanación de defectos cuando la parte ya ha sido advertida y requerida para realizar dicha subsanación y ha dejado pasar el plazo.
Estas modificaciones buscan agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de respuesta, que en algunos casos han superado los dos años. El Real Decreto-ley también incluye otras medidas relacionadas con la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, la reconstrucción de la isla de La Palma y la transposición de directivas de la Unión Europea.
