El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad.
El objetivo de la norma es determinar la mayoría o minoría de edad, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine.
Se persigue, con esta norma, que el proceso sea más garantista que el anterior y se busca avanzar en derechos y cumplir con las recomendaciones de organismos tanto del ámbito nacional como internacional.
Los principios que rigen este procedimiento son el interés superior del menor; la presunción de minoría de edad; el carácter preferente y urgente con el que se ejecutará el procedimiento, con un plazo previsible de resolución inferior a un mes; el derecho de la persona afectada a ser escuchada e informada y, en caso de necesidad, asistida por un intérprete; y el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar que carece de recursos, entro otros.
La norma recoge que el procedimiento será resuelto mediante sentencia susceptible de recurso de apelación. La sentencia firme que determine la minoría de edad se inscribirá en el Registro Civil y fijará la fecha en la que se entenderá alcanzada la mayor edad, produciendo efectos en todo el ordenamiento jurídico.
