El nuevo texto pretende garantizar que el Estado pueda disponer de los recursos estratégicos necesarios para hacer frente a los grandes riesgos y amenazas que afecten a la seguridad nacional.
Entre las principales novedades del proyecto, destaca la creación de la «Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial», que tiene como objetivo garantizar el suministro de recursos esenciales ante situaciones excepcionales.
Además, se crea un Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica para identificar medios y tecnologías que puedan producir y atender la demanda de bienes estratégicos o de primera necesidad.
Entre las cuestiones más relevantes destaca la participación del sector privado, distinguiendo entre prestaciones obligatorias personales, sin derecho a indemnización, y prestaciones obligatorias patrimoniales, con derecho a indemnización. También la creación del Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional, en el que se incluirán los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos, tanto del sector público como privado que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis.
El texto prevé que el Consejo de Seguridad Nacional pueda activar la puesta a disposición de estos recursos, antes de que el presidente del Gobierno declare la situación de interés para la seguridad nacional, si se detecta un escenario que pueda derivar en una crisis.
También, se incrementan los mecanismos de coordinación territorial y de participación de las comunidades autónomas.
