La iniciativa del Gobierno tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento comunitario para la creación de una Fiscalía Europea, un órgano común a los estados miembros pero independiente de estos, contemplado en inicio para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE.

La Institución, según el propio Reglamento, se configura en un nivel central, donde se integra el Fiscal General Europeo, y un nivel descentralizado compuesto por los fiscales europeos delegados.

Los Fiscales europeos delegados serán competentes para «investigar y ejercer la acción penal» contra los autores y demás partícipes de los delitos «que perjudiquen los intereses financieros» de la UE, los delitos contra la Hacienda de la Unión no referidos a impuestos directos nacionales, el fraude en subvenciones y ayudas europeas, el blanqueo de capitales que afecte a bienes procedentes de dichos delitos y la participación en organización criminal cuya actividad sea la comisión de algunos de estos delitos previstos.

Será la AN el órgano judicial competente para conocer y fallar en los procedimientos previstos en la ley orgánica, y en los casos de aforamiento, lo serán el TS (o TSJ en su caso).

En caso de discrepancias entre la Fiscalía europea y la nacional sobre si un comportamiento constitutivo de delito está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento decidirá el FGE.

Este proyecto, aprobado el 27 de abril por el Consejo de Ministros, se remitió al Congreso para su tramitación parlamentaria. Al ser una iniciativa legislativa del ejecutivo, no se somete al debate de toma en consideración. Es por ello que fue remitido directamente a la Comisión, a la que se encomendó dictamen, y se procedió a la apertura del plazo para presentar enmiendas. El Grupo Popular presentó una enmienda de texto alternativo que, sin embargo, fue rechazada con 249 votos en contra.