DIEGO HERRERA GIMÉNEZ
En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno se observa una tendencia a la creación de mecanismos pre-concursales orientados a facilitar la reorganización de las empresas antes de que la crisis económica las aboque al procedimiento concursal, partiendo de la premisa de que las medidas que se adopten con la finalidad de evitar el concurso serán, en todo caso, tanto más eficaces cuanto menos profunda sea la situación de desequilibrio económico-financiero que aconseja su adopción.
La normativización de estos mecanismos de alerta temprana de la insolvencia está adquiriendo especial relevancia en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, desde que la Comisión Europea promoviera varias iniciativas enmarcadas en la Estrategia de Lisboa para la dinamización de la economía en los Estados miembros de la UE.
La atención preferente que han merecido las pymes en este contexto de crisis generalizada se justifica por su mayor debilidad financiera y consiguiente exposición a los riesgos de la insolvencia, pero es evidente que las medidas preventivas interesan también a las grandes empresas y a la economía en general, en la medida en que comparten con aquellas un mismo objetivo: evitar el fracaso empresarial.
En la consecución de este objetivo se contempla subsidiariamente, pero con particular interés, la promoción de una segunda oportunidad (freshstart) para aquellos emprendedores que se hayan visto inmersos en una situación de concurso fortuito, previsión que actuaría a modo de discriminación positiva e incentivaría la pronta solicitud de concurso voluntario cuando el diagnóstico de la situación así lo aconseje.
Es claro que en tal supuesto resultará imprescindible disponer de herramientas accesibles para el deudor común que permitan un diagnóstico ágil de la naturaleza y grado de importancia de los problemas que padezcan las empresas afectadas, ya en el momento en que las dificultades de tesorería empiecen a evidenciarse.
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