Condenado al Sergas a pagar una indemnización a un paciente que tuvo que recurrir a la sanidad privada para una intervención quirúrgica durante la pandemia.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Pontevedra ha dictaminado que la Xunta de Galicia deberá pagar una indemnización de 7.140 euros a un paciente que se vio obligado a acudir a un hospital de la sanidad privada en abril de 2020 para tratar una hernia discal.
El paciente comenzó a experimentar varios episodios de lumbalgia en diciembre de 2019, que progresaron a escoliosis y ciatalgia izquierda. Según la sentencia, en marzo y abril de 2020, el paciente acudió repetidamente a su centro de salud del Sergas en O Grove y al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra debido a un dolor insoportable, a pesar de la medicación.
Tras recibir el alta en el servicio de urgencias sin aparente mejoría, el paciente acudió a una consulta privada. El médico concluyó que era necesario intervenir quirúrgicamente al paciente lo antes posible, por lo que allí se realizó la operación, de manera prioritaria.
El contexto de la crisis pandémica
El juez considera que, dadas las circunstancias ocasionadas por el coronavirus, el sistema público de salud no podía ofrecerle más que medicamentos paliativos para el dolor y una posterior cita al mes siguiente. Los hechos ocurrieron un mes después de la declaración del estado de alarma.
Ante el diagnóstico, el intenso e incontrolable dolor de espalda, la restricción de movilidad y el temor razonable a un empeoramiento de su dolencia con riesgo de pérdida de funcionalidad en alguna extremidad, el juez consideró razonable que el paciente buscara una segunda opinión en el ámbito de la sanidad privada.
En cuanto a los gastos asumidos por la intervención, el juez considera que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 32 LRJSP, por lo que la Administración debe compensar al paciente. Asimismo, destaca que, de no haberse realizado la intervención, el paciente tendría que soportar dolores intensos y efectos secundarios de la medicación.
El juez también señala que la intervención rápida en el hospital privado permitió al Sergas ahorrar la cantidad equivalente que habría implicado realizar la cirugía en un hospital público, especialmente si se hubiera pospuesto significativamente en el tiempo, lo que habría agravado la dolencia. Además, esta decisión permitió liberar quirófanos, camas y unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19.
La compensación sólo cubre los gastos de la operación
El juez condena al Sergas al pago de 7.140 euros al paciente, en concepto de gastos médicos y quirúrgicos realizados en la sanidad privada, según dispone la factura del centro hospitalario.
Por otro lado, el paciente solicitó una indemnización de 5.000 euros por daños morales, sin embargo, el juez rechaza tal pretensión, al considerar que la operación se llevó a cabo en un plazo razonable tras su diagnóstico. Además, el servicio de salud público no hubiera podido realizar la intervención antes del momento en el que se realizó.
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