El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa y Eficacia Procesal del Servicio Público de la Justicia. Ambas normas, junto con la Ley de Eficiencia Digital, constituyen los pilares del Plan de Justicia 2030.
Eficiencia organizativa:
La nueva Ley contribuirá a superar las brechas de acceso público a la Justicia y refuerza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. A juicio de la ministra, ayudará a sortear barreras territoriales y tecnológicas, de comprensión, generacionales y de salud: «Los órganos judiciales deben ser vistos como motores de desarrollo humano, social y económico, nunca como obstáculos de ese desarrollo».
Eficiencia procesal:
La Ley de Eficiencia Procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.
