El TC ha reconocido que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, de una mujer que denunció haber sido víctima de malos tratos policiales.
La recurrente denunció que al salir a pasear y coincidir con una manifestación un agente de policía la agredió físicamente y la detuvo, relatando que en la comisaría no se le dio atención médica hasta por la tarde. Afirma que finalmente la atendió un médico en la comisaría siendo remitida a urgencias por la inflamación presentada en el brazo.
El órgano judicial acordó investigar la denuncia, requiriendo información a la Policía. El juzgado archivó la causa por no apreciar la perpetración del delito, pues en la grabación no se observaba incidente alguno y del atestado se desprendía que los agentes utilizaron la fuerza mínima indispensable.
El TC razona que la investigación judicial no alcanza la suficiencia y efectividad exigida constitucionalmente. Considera que la causa de las lesiones que presentaba la recurrente era consistente con las explicaciones dadas en los informes policiales, pero que no cabía excluir su coherencia con los hechos relatados en la denuncia.
Se han dejado de practicar diligencias de investigación que no pueden considerarse inadecuadas para el mayor esclarecimiento de los hechos como son, entre otras, la propia declaración judicial de la demandante de amparo y de los agentes que intervinieron en los incidentes; la de los testigos presenciales de alguno de los incidentes, que el informe policial identifica; la declaración del personal médico que atendió a la recurrente; y la de los letrados de oficio que fueron designados para su asistencia letrada, uno de los cuales debió suspender la declaración por la situación psicológica de la demandante.
