El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes de un Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.
El Convenio tiene por objeto la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, lo que implica una definición amplia del objeto protegido, incluyendo situaciones y colectivos que van más allá del ámbito laboral.
Además, persigue la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en la medida en que afecta a la promoción del empleo pleno y productivo y al trabajo decente para todos y, al mismo tiempo, propone un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las consideraciones de género.
Por lo que se refiere a la importancia de este Convenio para España, señalar que, desde una perspectiva económica, la existencia de un entorno de trabajo libre de violencia tiene en todo caso un efecto positivo sobre la productividad y supone un elemento cohesionador para las relaciones laborales que puede constituir un elemento relevante de cara a la gestión de la recuperación económica prevista tras la crisis originada por la pandemia del Covid-19. Además, si bien las disposiciones de este instrumento son compatibles con la legislación española en vigor, su ratificación puede también entenderse como una oportunidad para actualizar nuestro ordenamiento jurídico efectuando los ajustes normativos que permitan una mayor concordancia y sintonía con el Convenio y, consecuentemente, con la norma laboral internacional.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha emitido informe proponiendo la ratificación del Convenio, una vez analizado el texto por sus Centros Directivos y consultados los Departamentos cuyas competencias puedan verse afectadas.
Por su parte, el Consejo de Estado determinó, mediante informe, que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del e) del artículo 94.1 de la CE, toda vez que sus prescripciones inciden directamente en materias reservadas a ley.
Fuente: Prensa La Moncloa
