El techo de gasto
El Gobierno ha fijado el techo de gasto no financiero del Estado para 2023 en 198.221 millones de euros. Se produce un aumento del 1,1 % más que en el ejercicio anterior.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha remarcado que se trata de una cifra récord que favorecerá que el Estado «mantenga su esfuerzo inversor y garantice nuevamente hitos históricos en los ámbitos de la ciencia, las becas, la investigación, la sanidad o la educación».
De igual forma, comienza la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que se prevén imprescindibles para recuperar el crecimiento económico.
El acuerdo incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, pero no implica abandonar la responsabilidad fiscal. Se espera una reducción del déficit público hasta un 5 % para este año. La tasa de referencia para el próximo se sitúa en el 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto del Estado. Es la misma que se que incorporó en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en el mes de abril.
Sello social
El consejo de ministros, también, ha aprobado la creación del sello de inclusión social, un distintivo que reconocerá a las empresas que promuevan la inclusión de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Se prevé que la prestación alcance a más de 500.000 familias en situación de pobreza severa. Se beneficiarán del Sello Social alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales son menores el 43%. Además, una de cada cuatro son familias monoparentales.
El ministro Escrivá ha asegurado que el gobierno persigue que el Ingreso Mínimo Vital llegue a todas las personas que lo necesiten. Con esta aprobación, se ha extendido las formas de certificar determinadas formas de vulnerabilidad para obtener el ingreso. Según ha indicado el ministro, a partir de septiembre «nos dirigiremos directamente a determinados ámbitos donde están las personas más vulnerables: comedores sociales, sitios de reparto de ropa, para que allí podamos constatar con nuestros funcionarios hasta qué punto puede haber potenciales beneficiarios del ingreso vital que todavía no lo han solicitado»
