- El Sistema Arbitral de Consumo en España ofrece a los consumidores un servicio público gratuito y eficaz para resolver conflictos con empresas en el ámbito de consumo
El Sistema Arbitral de Consumo en España es un servicio público gratuito que ayuda a resolver conflictos entre consumidores y empresas de manera extrajudicial. Más de 100,000 empresas están adheridas voluntariamente al sistema, y se estima que el 90% de los casos gestionados por el Sistema Arbitral de Consumo se resuelve de forma satisfactoria.
Juntas Arbitrales de Consumo a nivel regional
En España, existen 60 Juntas Arbitrales de Consumo a nivel regional, provincial o municipal. Para que una junta se haga cargo de un arbitraje, el conflicto debe cumplir dos requisitos:
- no involucrar intoxicaciones, lesiones, muertes o delitos,
- y la empresa debe aceptar el arbitraje, ya sea previamente mediante una oferta de adhesión o aceptando un conflicto concreto.
En 2022, se presentaron más de 72,000 solicitudes de arbitraje ante las Juntas Arbitrales de Consumo, un aumento del 63% en comparación con el año anterior. La mayoría de los casos estaban relacionados con servicios básicos, telecomunicaciones y bienes de consumo.
Con el objetivo de aumentar el número de resoluciones satisfactorias para los consumidores y dar a conocer este instrumento público, el Ministerio de Consumo ha creado el portal justoparaeso.consumo.gob.es. A través de este sitio web, los consumidores pueden conocer las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo, encontrar la junta más cercana y descargar el formulario de solicitud de arbitraje, entre otras cosas.
El arbitraje en el Sistema Arbitral de Consumo
El arbitraje en el Sistema Arbitral de Consumo permite resolver disputas entre consumidores y empresas que no han llegado a un acuerdo. Ambas partes confían voluntariamente en una junta arbitral para que resuelva la controversia de manera imparcial e independiente. La persona consumidora debe proporcionar los documentos que respalden su reclamación junto con la solicitud de arbitraje.
La decisión de la junta arbitral, conocida como laudo, es vinculante para ambas partes y tiene la misma eficacia que una sentencia. Con las facilidades de no recurrir a la vía judicial. Además, el proceso de arbitraje es rápido, con un plazo máximo de 90 días para emitir el laudo desde el inicio del procedimiento, sin posibilidad de ampliación más allá de dos meses.
