El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica para garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión.
El objetivo es cumplir con una de las metas propuestas para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: garantizar las mismas oportunidades en empleo, toma de decisiones y dirección. El anteproyecto traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, y continúa el camino ya marcado por la LO 3/2007, de 22 de marzo, que ya incorporó aspectos relativos a la igualdad para un mayor equilibrio en cargos de representación. El anteproyecto pretende continuar la senda, a través de medidas que garanticen de manera real la representación paritaria.
Mediante la nueva norma se pretende incorporar las recomendaciones internacionales en el ordenamiento jurídico español, tanto en la representación política como en la sociedad civil.
Representación de las mujeres en el ámbito político
A través de la modificación de la legislación en materia electoral, el proyecto pretende establecer la obligatoriedad de listas cremallera, en las que estén integradas personas de ambos sexos de manera alternativa. La medida se incorporará en las elecciones de miembros del Congreso, del Senado, del Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.
También pretende hacer efectivo el principio de representación equilibrada, mediante un mínimo de presencia del 40%. El porcentaje se tendrá en cuenta para el nombramiento de vicepresidentes y ministros. Dicha medida se extiende a todas las entidades del sector público estatal, no sólo en el gobierno central.
Representación de las mujeres en la sociedad civil
El anteproyecto hace referencia también a la igualdad en el ámbito civil y empresarial, señala una presencia de tan sólo 29.3% de mujeres en los consejos de administración de sociedades cotizadas.
Con la nueva norma se pretende que aquellas entidades que tengan más de 250 trabajadores o más de 50 millones en cifra de negocios o un activo superior a 43 millones deberán seguir el principio aplicado en el ámbito político: un 40% de representación a cargo de mujeres. Se trata de una obligación impuesta a las sociedades, por la que deben velar, y establecer procesos de selección adecuados y ejercer un control en la materia, ya sea en informes, en la memoria, etc.
Por otro lado, no sólo afecta a sociedades, también afecta a los colegios profesionales, los tribunales, jurados y entidades de la Administración General del Estado. También deberán establecer los medios adecuados para el cumplimiento de la normativa, y ejercer control sobre el cumplimiento de los mismos.
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