El Consejo General del Poder Judicial acuerda pedir al Congreso de los Diputados que solicite informe la reforma de la LOPJ
Reunido en sesión extraordinaria, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe de este órgano constitucional en relación con la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha presentado el grupo parlamentario PSOE.
De igual forma se ha acordado pedir a la Cámara Baja que, en relación directa con la misma iniciativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia).
Indica el informe:
“Consta al Pleno del CGPJ la presentación de una proposición de ley para reformar la LO 4/2021, de 29 de marzo [TOL8.369.401], a fin de posibilitar que este Órgano Constitucional pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Previsiblemente, la proposición de ley iniciará su tramitación el próximo martes.
Según puede leerse en la exposición de motivos, la finalidad de la proposición de referencia es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales.
Tal justificación resulta contradictora e incoherente: tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117.1. CE) cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el art. 123.1 de la CE. Norma ésta que a su vez también confiere rango constitucional a la Jurisdicción Militar conforme a su art. 117.5.
El grave perjuicio que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido puesto de manifiesto con reiteración por este Órgano Constitucional, particularmente en relación con el Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un Acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncia su situación actual.
[…].
Derecho de la Unión Europea
Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE impone que, cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ.
Esa es una consecuencia derivada por las instituciones de la Unión Europea de lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, TUE en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho que, con arreglo al art. 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión y cuya infracción puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el art. 7 TUE.”.
Asimismo, el Pleno, ha determinado remitir a las Cortes Generales el acuerdo adoptado el 27 de junio por el Tribunal Supremo. En este, acuerdo se dirige al CGPJ para que este transmita las Cortes Generales la preocupación por la falta de renovación del Consejo. El informe indica que “se está creando una situación que, de continuar así, será insostenible”. Se produce, un aumento paulatino de las vacantes en las que el Tribunal se ve imposibilitado cubrirlas debidamente. Y debido a esto se provoca una merma de la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir con la función que tiene asignada.
