El 8 de junio se presentó en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el libro editado por Tirant lo Blanch, “El expoliar se va a acabar. Arqueología y detectores de metales. Sanciones administrativas y penales”, cuyos editores científicos son Ana Yáñez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid e Ignacio Rodríguez Temiño, conservador de Museos de la Junta de Andalucía. Durante el acto se ha reivindicado el modelo español de lucha contra el expolio arqueológico, especialmente el perpetrado por el uso de aparatos detectores de metales, frente a modelos más laxos propios de países del Norte de Europa que tienen un pasado que ha dejado menos restos monumentales que el de países mediterráneos como España.
La obra recoge un amplio conjunto de aportaciones multidisciplinares sobre las actuaciones contra el expolio arqueológico: experiencias policiales de lucha contra expoliadores e intermediarios; análisis criminológicos sobre los profesionales del expolio terrestre y subacuático; reflexiones jurídico doctrinales; un amplio estado de la cuestión en materia de sanciones por parte de representantes de Comunidades Autónomas y otras reflexiones sobre los daños provocados por el uso incontrolado de aparatos detectores de metales en zonas de interés histórico-arqueológico por haber sido campos de batalla durante la guerra civil. Incluso desde los sectores más concienciados del mundo del detectorismo se reivindican experiencias de confluencia entre detectoristas y arqueólogos sobre proyectos de investigación concretos.
En España son de actualidad, en los últimos tiempos, actuaciones policiales contra el expolio y el tráfico ilícito de antigüedades y ello es producto de una doble circunstancia que, como se ha comentado durante la presentación tanto por los editores de la obra como por quienes los acompañaban en la mesa redonda, el académico de Bellas Artes y catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense, José María Luzón y la directora de Hispania Nostra, Araceli Pereda, diferencia a España de otros países noreuropeos: la existencia de unidades tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía y de otras policías autonómicas, dedicados específicamente a la lucha contra este tipo de delincuencia cultural y una legislación que restringe el uso indiscriminado de estos aparatos. Restricción que, en el caso de la nueva legislación que está en tramitación en Andalucía, se llevará al extremo de su prohibición, una vez constatada en esa Comunidad Autónoma los daños irreversibles que suponen estos aparatos, considerados por la Junta de Andalucía como la segunda causa en importancia de pérdida de patrimonio arqueológico.
Durante el debate mantenido se han podido conocer datos a escala europea, esgrimidos por los intervinientes, sobre el gradual reconocimiento internacional que van ganando los modelos restrictivos frente a los basados en la limitación voluntaria y las adquisiciones por parte del Estado o particulares del producto de los hallazgos realizados por los detectoristas de metales, por ejemplo en el Reino Unido.
La obra es fruto de un Proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y que ha embarcado a una veintena de especialistas en diversos aspectos de la lucha contra esta lacra cultural. A pesar de los diversos puntos de vista y la forma de abordar este problema, todos los autores coinciden en que el modelo seguido en España, si bien posiblemente no vaya a terminar con este mal endémico –a pesar del título optimista del libro-, sí que contribuye a que no se extienda.
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