El Consejo Genera de la Abogacía Española se exige la solución inmediata al conflicto entre los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio
La huelga indefinida de los Letrados de la Administración lleva en curso más de ocho semanas (conflicto entre LAJS y el Ministerio). Como se indica desde el Consejo General de la Abogacía, la huelga ha generado graves perjuicios en el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Ha paralizado el servicio público de justicia y ha causado un irreparable perjuicio a decenas de miles de personas.
Por tanto, el Consejo General de la Abogacía Española ha expresado su preocupación por los graves perjuicios que ha causado esta huelga y ha exigido a las partes en conflicto que intensifiquen el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo lo antes posible. Es fundamental establecer un calendario acelerado y continuado de negociaciones encaminado a conseguir el acuerdo.
Asimismo, para el Consejo, es importante que se cumplan los servicios mínimos por parte de los LAJS. Especialmente prioritario es que se atienda debidamente a las actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía. Asimismo, se requiere que el Ministerio de Justicia lleve a cabo una supervisión efectiva del cumplimiento de los servicios mínimos y adopte las medidas oportunas en aquellos casos en que se incumplan.
Criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos
Además, se reclama que los LAJs apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y nunca inferior a 48 horas. Esto es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía y evitar que se produzcan aún más gravámenes de los que este conflicto está creando ya.
Por último, el Consejo General del poder judicial destaca la necesidad de que el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la FGE, las Comunidades Autónomas con competencia transferidas y la Abogacía y la Procura preparen un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga, a los efectos de recuperar los plazos de resolución previos a esta. También se debe establecer un sistema escalonado de notificaciones para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía. En definitiva, se requiere una solución inmediata al conflicto entre los LAJs y el Ministerio para permitir reactivar el servicio público de justicia.
