El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una reciente sentencia, condena a la Consejería de Familia a una indemnización de 150.000 euros para una madre y sus hijas debido a la retirada de la tutela de forma injustificada.
Antecedentes del caso
En 2016, la madre soltera de las dos mellizas solicitó la ayuda de los servicios sociales del municipio de Ávila. La madre solicitó la ayuda para participar en un programa de intervención familiar que la ayudara a establecer con ellas una relación de parentalidad positiva. Las pequeñas contaban por aquel entonces con 12 años.
El programa consiste en recibir el apoyo de una orientadora familia que visite a la familia en su domicilio. El desarrollo de este corrió con total normalidad hasta el momento en que se produjo una discusión de la madre y una de las hijas. La discusión vino a cuento de la utilización del teléfono móvil, que acabó un forcejeo por el mismo.
Las hermanas, previa indicación de su madre, relataron a la orientadora familiar lo acontecido esa noche. Habían discutido con la madre a causa del móvil y que terminaron en un forcejeo con el teléfono.
Tras estos hechos, el programa de orientación familiar quedó suspendido. Y tras dos meses de suspensión, los servicios sociales se llevaron a las niñas del hogar a un centro residencial.
La retirada de la tutela fue injustificada
En la sentencia, declara el Tribunal que no fue sólo injustificada la retirada de la tutela, sino que a su vez la manera en proceder a ella fue inapropiado. Así como el trato de las menores en el centro residencial durante el año en que se encontraron allí.
Como indican los Magistrados, la decisión se tomó sin hacer constancia de «ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores […]. Lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores; no obstante, esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir».
Tras un año de separación, el Juzgado de 1ª instancia de Ávila acordó que las niñas podían volver con su madre. Finalmente, el Tribual Superior de Justicia de Castilla y León aprecia «una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración». Asimismo, recuerda el Tribunal que los programas de intervención familiar son «son programas específicos de apoyo a familias cuyo objetivo es preservar la integridad de la familia evitando una separación de ella de los niños».
Indemnización de 150.000 euros para una madre y sus hijas
Por último, los magistrados condenan a la a la Consejería de Familia a una indemnización de 150.000 euros para una madre y sus hijas. Asimismo, remarcan que «las niñas de 12 años tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es muy traumático separar a dos niñas de su madre».
