La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León, toda vez que la misma establece una regulación distinta a la prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual distribuye atribuciones y establece las bases sobre sujetos, responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos.
La Suprema Corte reiteró que si bien los estados tienen competencia para legislar, no pueden alterar el diseño previsto por el Congreso de la Unión; por tanto, invalidó los preceptos que adicionaban supuestos constitutivos de faltas administrativas graves y que se calificaban como “hechos de corrupción”, distintos a los establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, la Corte invalidó disposiciones relativas a la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses y fiscal para particulares contratados por el estado.
De igual forma, invalidó disposiciones que establecían la modificación de la definición de falta grave, la variación de reglas de sanción a personas morales, imposición de la inhabilitación definitiva como sanción administrativa y la incorporación de las faltas de “corrupción de servidores públicos” y “chantaje”.
Por último, se reconoció la validez de la disposición que prevé la formulación de una solicitud expresa por parte de los denunciantes de presuntas infracciones para mantener la confidencialidad de su identidad.
