El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional promovida por la Fiscalía Federal de la República, resolvió invalidar la resolución de un recurso de revisión donde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenaba entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realizar tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la Fiscalía.
El Pleno determinó que la resolución incidía negativamente en el ejercicio de la esfera competencial constitucional que la Fiscalía tiene conferida en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política; primeramente se identificó que la información requerida podría comprometer el ejercicio de las facultades constitucionales de la Fiscalía y con ello, la seguridad pública del país.
Por otro lado, se determinó que existe una relación causal general entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública, pues los grupos criminales estarían en posibilidad de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de los delitos.
Y por último, el Pleno determinó que se acreditó con evidencia suficiente la existencia de la relación causal general entre entregar los nombres y cargos de los Agentes del Ministerio Público y la afectación que ello traería a la seguridad público.
