La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los órganos jurisdiccionales podrán pronunciarse sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva establecida en un proceso penal, cuando dicha medida ha rebasado dos años.
La Suprema Corte considera que la prisión preventiva bajo la normatividad internacional debe ser impuesta como una medida excepcional, y por tanto observó que los legisladores propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de revisión, cese o prolongación, por lo que resulta restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio.
Resolvió que llegado el límite de dos años de duración y formulada la petición ante el juez de control, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su duración; asimismo, determinó que si derivado de la revisión se estima que la duración debe prolongarse, la decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en su justificación, que evitará que esa medida cautelar se extienda de forma innecesaria.
