El Pleno del Senado aprobó un proyecto que reforma diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de incorporar al referido ordenamiento el principio de paridad de género y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de lenguaje incluyente.
Se estableció la necesidad de que el marco constitucional y las leyes secundarias incluyan un lenguaje claro y adecuado que no permita discriminación ni la violencia en contra de las mujeres.
La progresividad en materia de derechos humanos, sobre todo en paridad de género, es una obligación del Estado, por lo que su cumplimiento conlleva a realizar modificaciones de manera constante en la legislación.
El dictamen fue avalado con 91 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
