La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la obligación de los órganos jurisdiccionales de recabar y ordenar de oficio las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad y discriminación por razones de género en casos de violencia familiar. El deber referido de los juzgadores, debe ser ordenada previa a la resolución de fondo.
La Primera Sala resolvió sobre un asunto donde el Tribunal de Apelación determinó improcedente una condena a un padre, condenado al pago de indemnización por daño moral por el juez de origen, refiriendo que no se pudo comprobar el daño reclamado.
Por tanto, la quejosa presentó un juicio de amparo, el cual fue negado, por lo que interpuso un recurso de revisión; al respecto, la Primera Sala refirió la doctrina jurisprudencial desarrollada en relación con el deber de las y los juzgadores en materia probatoria para recabar y ordenar las pruebas que considere pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, en aquellas controversias de violencia familiar en las que estén involucrados los derechos de las personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, y que sirvan para analizar las situaciones de violencia de género o bien las circunstancias de desigualdad provocadas por los estereotipos de género.
Lo anterior con objeto de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones a todas las personas.
La Sala precisó que si una de las partes de la contienda de violencia familiar está en una situación de debilidad frente a su presunto agresor, resulta justificado que el juzgador remedie la inequidad en que se encuentran las partes al actuar de manera oficiosa.
Por tanto, la Primera Sala resolvió que previo a la resolución de fondo, el órgano colegiado debió ordenar de oficio el desahogo de la pericial en psicología. Ello, bajo el entendido de que la violencia familiar es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer, con efectos discriminatorios que generan una situación de vulnerabilidad.
