Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de reformar el Código Penal Federal, a fin de incluir entre los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos el omitir o abstenerse injustificadamente de realizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate, negar la calidad de víctima directa, indirecta o potencial y obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación.
La iniciativa, que modifica la fracción XXXII y adiciona un párrafo cuarto al artículo 225 del Código, actualiza una agravante cuando se acredite que el servidor público incurrió en cualquiera de los supuestos planteados motivado por discriminación en razón de género.
Las sanciones previstas en esa fracción determinan una pena de 4 a 10 años y de 100 a 150 días multa, que se aumentarán en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando se acredite que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación en razón de género o condiciones personales de la víctima.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género.
