Se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca reformar el artículo 123 de la Ley General de Educación Pública, a fin de garantizar que el financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos no sea menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto.
El documento precisa que el Ejecutivo Federal y los gobiernos de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.
Asimismo establece que el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación.
