La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció la trascendencia de interpretar al derecho al voto a favor de las personas en prisión preventiva, dejando atrás la restricción en el artículo 38 constitucional, a la luz de la interpretación conforme a los principios de presunción de inocencia y pro persona.
El mismo fue implementado por el Instituto Nacional Electoral y por tanto, la Comisión reconoció y aprobó los esfuerzos, acuerdos, mecanismos, recursos humanos y materiales concentrados por parte del mismo Instituto.
La CNDH establece que lo anterior ha permitido demostrar que los comisión anticipados en prisión preventiva deben ser una realidad en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La Comisión a su vez, plantea analizar la viabilidad de permitir en las elecciones de 2024 la participación de observadores electorales, lo que permitirá garantizar la mayor y más amplia transparencia en la realización de las actividades que se desarrollen durante el proceso electoral.
