La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaturas de los estados pueden decidir la forma en la que sus poderes locales, en carácter de empleadores, garantizan el derecho a la vivienda de sus trabajadores.
Las entidades federativas pueden determinar qué modelo implementarán a fin de garantizar el derecho a la vivienda de sus trabajadores, a través de un fondo estatal para la vivienda administrado por un organismo local, por medio de la firma de convenios con los institutos federales, proporcionando directamente las viviendas para que sean pagadas por los trabajadores o a través de los medios que consideren convenientes.
Lo anterior en ejercicio de su libertad configurativa.
