Diputadas y Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Presupuesto de Egresos de la Federación, al considerar que transgrede el principio de progresividad, el cual tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva.
Lo anterior, al no aumentar y recortar recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y la s mexicanas al permitir avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortalecimiento del federalismo y protección a mujeres.
Se estableció que el PEF vulnera derechos humanos, al afectar los siguientes programas:
- Afecta el sector salud en razón que el Instituto de Salud para el Bienestar sigue sin garantizar cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios;
- Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social y Laboral, al realizar un recorte de 10 mil millones de pesos;
- Se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate de regazo educativo, sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre otros;
- El presupuesto resultó regresivo respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, al recortar a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de atención a víctimas y estancias infantiles;
- Relativo al medio ambiente, se afectó al presupuesto para áreas naturales protegidas.
En la acción presentada ante la Suprema Corte, las y los diputados establecieron que en el presupuesto como en los programas públicos, se deberán respetar las características de los derechos de los programas públicos, siendo la progresividad y no regresividad.
Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que el Estado está obligado a no dar marcha atrás, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que las prestaciones otorgadas constituyen el nuevo mínimo estándar a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción de derechos.
Por otro lado, sobre el mandato de progresividad, se deberán aceptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. Por lo anterior, consideraron violatorio el Presupuesto de Egresos 2022 y que este significa una amenaza a la democracia en el país.
