Se presentó una iniciativa que adiciona al artículo 4 constitucional el derecho de toda persona al acceso del suministro de energía eléctrica; el documento señala que el Estado garantizará, protegerá y promoverá los medios y coordinación institucional para establecer una tarifa social justa que beneficie a las zonas socioterritoriales con mayor vulnerabilidad en el país, por considerarlo como un satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir.
El documento señala que si bien la Ley de la Industria Eléctrica señala el principio de universalidad del suministro eléctrico, se ve limitada al no manifestar claramente dicho servicio, por lo cual se deben atender los principios señalados en la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad.
Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Energía para opinión.
