Mediante Resolución 129 del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dirigió al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Lo anterior, en referencia a las múltiples declaraciones de personas privadas de la libertad y visitantes en las que se resalta la falta de personal de salud y tratamiento médico en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
Al respecto, la Comisión resaltó que:
“las personas privadas de la libertad están en una situación especial de vulnerabilidad, por lo que la actividad gubernamental debe pugnar por el estricto respeto de sus derechos humanos. Por lo tanto, quienes se encuentran en establecimientos penitenciarios no pierden por ese hecho su calidad o condición de ser humano, pues únicamente se encuentran sujetas a un régimen jurídico particular que suspende determinados derechos, sin que ello signifique la suspensión o anulación de la titularidad de sus derechos fundamentales.”
En consecuencia, señaló que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la violación del derecho a la salud de personas privadas de la libertad en los CEFERESOS de Hermosillo, Sonora; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Villa Comaltitlán, Chiapas, y Ramos Arizpe, Coahuila, y Coatlán del Río, Morelos. Ante dicha situación, la Comisión emitió una serie de recomendaciones dentro de las que se resalta el establecer y ejecutar acciones que garanticen un personal de salud suficiente ante la demanda médica, así como la contratación de un médico ginecólogo y pediatra para las mujeres y niños del Centro Femenil.
