La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, aprobó cinco opiniones a iniciativas en materia de trata de personas, telecomunicaciones y radiodifusión, Código Civil Federal, Código Penal Federal y Ley Nacional de Ejecución Penal.
Trata de personas
Se aprobó, con 26 votos a favor, la opinión a favor de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Se establece que al redactar únicamente la prohibición del matrimonio infantil o unión legal con fines onerosos, se ignoran las prácticas reales que se suscitan de unión temprana o forzada en los diferentes ámbitos regidos por lo consuetudinario.
Telecomunicaciones y radiodifusión
Se avaló por 24 votos la opinión a a iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; el documento afirma que la propuesta fortalecerá los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y coadyuvará con la localización pronta y expedita de las mismas, partiendo de la colaboración institucional con los concesionarios de telecomunicaciones.
Código Civil y Penal
Se aprobó con 25 votos la opinión a la iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, a fin de prohibir los matrimonios infantiles.
Asimismo, se reforman los artículos 201 del Código Penal Federal y 25 y 126 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de establecer que la calidad de víctima de las niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado.
Ejecución Penal
Por último, se aprobó la opinión a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de visibilizar la falta de acceso a derechos como el de salud, por parte de los menores de edad que se encuentran en guardia y custodia de sus madres recluidas en centros penitenciarios.
