La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respeta los principios de seguridad jurídica, al establecer las reglas que el mismo Instituto debe seguir para otorgar beneficios a familiares por muerte de un pensionado por incapacidad permanente total.
El propio ordenamiento establece que debe hacer el Instituto ante la muerte de un pensionado por incapacidad permanente total, con el objetivo de proteger a sus familiares cuando ocurra su deceso. En los supuestos previstos, se otorga una pensión a los beneficiarios cuando la causa de muerte esté relacionado con la incapacidad y se entrega una compensación cuando la muerte se debe a una causa ajena a la que motivó la incapacidad.
La Sala resaltó que la norma no contraviene el derecho a la seguridad social contenida en el artículo 123 constitucional, únicamente determina la forma en que debe proceder el Instituto en cada caso, salvaguardando la seguridad jurídica, el derecho de los beneficiarios a recibir una pensión y el patrimonio del Instituto.
Destacó que el sistema normativo reconoce la prerrogativa de los familiares del trabajador a obtener diversa pensión debido a que está tutelada en la Ley mediante el seguro por la muerte del trabajador.
