La Cámara de Diputados presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra la decisión del Instituto Nacional Electoral, de aplazar diversas fases de la consulta de revocación de mandato.
El Congreso de la Unión afirmó que observaron diversas irregularidades constitucionales que invaden el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia presupuestal y de sus facultades legislativas en materia de revocación de mandato, y que detectaron afectaciones a derechos fundamentales de carácter político de la ciudadanía, en concreto el derecho de participar en procesos de revocación de mandato.
La demanda tiene como finalidad impugnar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de posponer temporalmente fases del procedimiento, solicitando la suspensión del acuerdo para que el Instituto referido se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de ese ejercicio de democracia participativa.
Por su parte, la Comisión de Receso de la Suprema Corte acordó admitir a trámite la controversia constitucional; mediante la admisión de la misma, se determinó conceder la suspensión solicitada por lo que el Instituto Nacional Electoral deberá continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.
