En sesión remota del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se invalidó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Veracruz, por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.
Lo anterior, toda vez que se determinó que el contenido del mencionado decreto, incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades (indígenas y afromexicanas), por lo que conforme a los artículos 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, en la que participaran dichos grupos.
Toda vez que en el Decreto invalidado se reformaban disposiciones en materia electoral, en la que debe regir como principio rector el de certeza, el Pleno de la Corte, determinó el restablecimiento de vigencia de las normas anteriores, las cuales no podrán ser reformadas durante el periodo electoral próximo a iniciar, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales.
