Los acusados, Édgar Rafael Piedrahita y Héctor Enrique Amarís, están siendo procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, luego de apropiarse de manera irregular de más de $24.000 millones de la Triple A.
A pesar de que se le otorgaron unos beneficios por la aceptación de cargos, la Procuraduría General de la Nación insistió en que no basta con la aceptación de los cargos. La Procuraduría explicó que la ley exige que se haga el reintegro de la mitad del valor apropiado y garantizar el recaudo del monto restante. En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó los beneficios.
