En ejercicio de la acción de reparación directa interpuesta por los familiares de dos estudiantes víctimas de los llamados “falsos positivos”, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa al pago de una indemnización por más de mil millones de pesos y a la realización de un acto público en el que se le ofrezca excusas a los afectados. Además, el evento deberá ser presidido por el comandante del grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño y los medios de comunicación deberán ser citados.
Los hechos ocurrieron en diciembre del año 2005 en la vereda La Victoria de Rionegro, lugar en el cual dos estudiantes habían sido invitados por unos amigos para celebrar las fiestas de fin de año. Tiempo después, los jóvenes fueron reportados por el grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño como bajas de un grupo delincuencial con el cual los uniformados de esa unidad militar habían sostenido un enfrentamiento.
Por esa razón, los familiares de las víctimas decidieron demandar al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia quien consideró que las muertes no fueron producto de un enfrentamiento y que los militares actuaron en defensa propia. Sin embargo, condenó a la Nación al pago de ciertas sumas de dinero a título de indemnización y ambas partes decidieron apelar la decisión.
En segunda instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que el Ejército fue responsable del daño ocasionado a los familiares de los jóvenes asesinados y que “no se logró probar que las muertes hubieran sido producto de un enfrentamiento entre un grupo delincuencial y agentes del Gaula del Ejército” pues varios uniformados se acogieron a sentencia anticipada en materia penal y admitieron que los jóvenes se encontraban en estado de indefensión y “el combate fue simulado, para esconder la ilicitud de los homicidios”.
En consecuencia, el Alto Tribunal declaró que “el daño fue el resultado de una falla en el servicio, consistente en una ejecución extrajudicial, que constituye una grave violación a los derechos humanos” y las entidades deberán pagar alrededor de mil millones a los grupos familiares demandantes y cumplir las órdenes de reparación no pecuniaria mencionadas.
Fuente: consejodeestado.gov.co
