En el marco de una acción de tutela presentada por una ex funcionaria de la Contraloría municipal de La Soledad – Atlántico, con ocasión del incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba su reintegro en la entidad y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, la Corte Constitucional reiteró que las entidades públicas en proceso de reestructuración vulneran los derechos laborales cuando no efectúan las órdenes de pago contenidas en sentencias judiciales.
De conformidad con lo expuesto por la accionante, la Contraloría incumplió la orden judicial a pesar de las múltiples reclamaciones realizadas por la misma; igualmente, después de haber sido presentada una acción de tutela en su contra, emitió una resolución por medio de la cual manifestó la imposibilidad de reintegrar a la exfuncionaria.
A la luz de lo anterior, la Corte Constitucional indicó que la accionada incumplió lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, al no comunicar al juez administrativo la imposibilidad de realizar el reintegro dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecución de la sentencia y, a su vez, solicitar la fijación del monto de la indemnización compensatoria a favor de la ex funcionaria. Motivo por el cual, se consideró que vulnero sus derechos laborales, desconociendo su situación de vulnerabilidad.
En consecuencia, esta Alta Corte ordenó al respectivo Juzgado la realización del procedimiento para fijar el monto de la indemnización compensatoria a favor de la accionante. Aunado a ello, le concedió un plazo de 48 horas a la entidad para convocar al Comité de Vigilancia de Reestructuración de Pasivos con el objetivo de realizar el pago anticipado de las acreencias laborales a la ex funcionaria.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
