Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-028 de 2023 en la que decidió proteger el derecho al debido proceso de una mujer a quien le había sido negada la patria potestad de su hijo y otorgada a la abuela paterna. Ante la decisión, la Defensoría del Pueblo presentó acción de tutela en contra del Juzgado Municipal.
En su análisis, la corporación estableció que el juzgado accionado:
- No evidenció un análisis argumentativo que fundamentara la toma de la decisión.
- No valoró todo el material probatorio aportado y no decretó el adicional que correspondía para el caso. En particular, indicó que se debió indagar en la presunta violencia intrafamiliar en contra de la madre y el constreñimiento que se ejerció para que esta cediera la custodia.
- Cometió un defecto procedimental absoluto e ignoró las facultades extra y ultra petita que tiene el juzgador en asuntos de familia
En último lugar, la Corte resaltó que el juzgado ignoró su deber de incorporar el enfoque de género en su análisis de los hechos, pruebas y normas. En particular, hizo un llamado al asegurar que:
“en materia civil y de familia, la perspectiva de género también debe orientar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, cuando las autoridades competentes adopten decisiones y medidas relacionadas con el derecho a las visitas o custodia de los hijos e hijas, deberán tener en consideración la existencia de un contexto de violencia intrafamiliar”
En ese sentido, la Corte reiteró lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en cuanto al deber de los jueces de familia de asistir a las capacitaciones sobre enfoque de género que dicta la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
