En ejercicio de la acción de tutela una mujer embarazada que laboraba bajo un contrato de trabajo por obra o labor contratada prestando el servicio de aseo en la Fiscalía General de la Nación solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, igualdad, mínimo vital, salud y seguridad social.
La ciudadana afirmó que, días antes de finalizar su contrato, le informó a su jefe inmediata que se encontraba en estado de embarazo, pero la empresa dio por terminado el vínculo laboral argumentando que conoció el estado de la trabajadora un día después de su terminación.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional declaró que no se encontraron pruebas del examen de egreso que debió ordenar la empresa a la mujer, lo que permitió conocer que el empleador lo omitió porque tenía conocimiento de su estado de embarazo y, en consecuencia, vulneró sus derechos fundamentales al despedirla sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo y argumentando sobrecostos e incomodidades a la empresa, razonamientos claramente inconstitucionales.
En la parte resolutiva, el Alto Tribunal ordenó a la empresa el reintegro de la mujer en un cargo igual o de mejores condiciones al que venía desempeñando hasta el momento de su desvinculación, respetando el tiempo que falta para que finalice su licencia de maternidad e incluyendo las garantías del período de lactancia. Asimismo, la demandada deberá pagar los salarios y prestaciones sociales que la accionante dejó de recibir desde su despido.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
