La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional estudió un caso en el que una docente interpuso acción de tutela en contra de un colegio privado ubicado en la ciudad de Barranquilla por la vulneración a su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad.
La mujer relató que celebró contratos de trabajo a término fijo con la institución desde el año 2011 hasta el 2020 y solo se enteró de su estado de embarazo días después de la finalización de su contrato en junio de 2020. Al solicitar la continuidad o nueva vigencia del mismo la institución no renovó el acuerdo aduciendo disminución de estudiantes matriculados y haber hecho prelación al criterio de antigüedad contratando a otros dos compañeros que llevaban más años trabajando, aunque contrató a una nueva persona para reforzar el área que ella integraba.
La Corte confirmó que el uso del criterio de antigüedad fue razonable para definir las personas que ocuparon las dos plazas vacantes de la institución, sin embargo, teniendo en cuenta el caso concreto, la medida resultó discriminatoria toda vez que existía una mujer embarazada que era sujeto de especial protección constitucional.
Por lo anterior, la Sala ordenó que el colegio se disculpara con la docente, le pagara los salarios y prestaciones dejadas de percibir, además de contratarla en una labor igual a la desempeñada en el último contrato de trabajo solo si ella así lo quería.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
