En virtud de la acción de tutela impetrada por un ciudadano que invocó la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en el marco de un proceso de extinción de dominio iniciado en su contra en el año 2019, la Corte Constitucional mediante sentencia T-309 de 2023 advirtió que Fiscalía Cincuenta y Ocho de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio prolongó de manera desproporcionada e injustificada el trámite de la fase inicial del proceso, vulnerando así las garantías constitucionales del accionante.
Por lo tanto, la Corte exhortó a la Fiscalía y a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, así como a los tribunales involucrados, a concluir la etapa inicial del proceso de extinción de dominio en un plazo razonable y a desarrollar un plan de acción para resolver los casos más antiguos. También instó a los jueces de extinción de dominio de primera y segunda instancia a resolver con celeridad si se deben o no confiscar los bienes del demandante.
La Corte argumentó que no existían circunstancias que complicaran el proceso y que el demandante había participado activamente en la fase inicial. Además, señaló que la demora no se debió a problemas estructurales en el sistema de justicia, sino a la negligencia de la Fiscalía, lo que constituyó una violación continua de los derechos fundamentales del demandante.
Así mismo, destacó que el Estado no puede prolongar indefinidamente la etapa de investigación en casos de extinción de dominio y debe tomar una decisión conforme a la ley. Además, observó que se estaba llevando a cabo una investigación penal contra el demandante por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en relación con los mismos hechos. La Fiscalía General de la Nación tampoco cumplió con los plazos previstos en la ley para formular cargos en esta investigación.
Por consiguiente, la Corte ordenó a la Fiscalía Veintiséis de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos que adopte una resolución de fondo en la etapa de indagación en un plazo máximo de 30 días. Además, instó a la Procuradora General de la Nación a establecer una agencia especial para supervisar los asuntos relacionados con el demandante.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
