El 11 de diciembre de 2019 Colombia suscribió el denominado ‘Acuerdo de Escazú’ cuyo objetivo es garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Fue radicado en el Congreso de la República el 20 de julio de 2020 y esta semana se estarán debatiendo el primer y tercer debate en comisiones conjuntas. De ser aprobado, el proyecto de ley debe surtir por el control automático de la Corte Constitucional.
