La acción popular fue interpuesta por la Defensoría Regional de Risaralda. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones. La Defensoría Regional interpuso recurso de apelación contra la decisión.
El Consejo de Estado reiteró la decisión sobre la acción popular presentada el año pasado. En dicha sentencia se ordenó al Ministerio de Justicia, al departamento, al Inpec y al Uspec tomar medidas para aliviar el hacinamiento carcelario que vivía la región. Para ello, debían adoptar las medidas que consideraran pertinentes y no exclusiva y concretamente el construir infraestructura carcelaria.
La alta corte estableció que el municipio de La Celia también debe cumplir las órdenes judiciales que se le impusieron a Risaralda, al Ministerio de Justicia y a las autoridades carcelarias para poner fin al hacinamiento que se vive en las penitenciarías de este departamento. Se logró evidenciar que La Celia no cuenta con un penal para cumplir medidas de detención preventiva y que no se acreditó gestión del municipio al respecto. En consecuencia, la entidad territorial está desconociendo los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Fuente: consejodeestado.gov.co
