Una ciudadana colombiana residente en Estados Unidos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado por considerar que la regulación para el ingreso de personas residentes en el exterior frente al COVID-19 vulneraba sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de religión, a la vida y a la dignidad humana. En consecuencia, solicitó un permiso especial de ingreso al país para ella y su familia.
La accionante relató que pertenece al credo cristiano protestante el cual le impone una objeción de conciencia frente a la práctica del aborto y aseguró haber conocido que “el tejido fetal de los bebés abortados está involucrado en el desarrollo y las pruebas de las vacunas contra el COVID” razón por la cual no puede vacunarse. Entonces, las exigencias de aplicación de dosis de inmunización contra la enfermedad para mayores de 18 años no residentes en territorio nacional le impedía realizar un viaje al país que tenía como objetivo visitar a su madre que sufre de cáncer en etapa terminal.
Al conocer de la acción, el Consejo de Estado negó la tutela argumentando que a la accionante no se le vulneró ningún derecho fundamental pues la Resolución No. 111 de 2022 no impide que los mayores de 18 años que no tengan el esquema completo de vacunación contra la enfermedad puedan ingresar a Colombia, de hecho, sí pueden hacerlo si exhiben una prueba PCR o de antígeno negativa, siendo esta opción una alternativa a la inmunización.
Fuente: consejodeestado.gov.co
