La exjefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos de Contratación del Departamento del Meta interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara nulo el acto sancionatorio de la Procuraduría General a través del cual fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos y funciones públicas.
Los hechos por los cuales fue destituida ocurrieron en el año 2003 cuando la demandante suscribió varios convenios con la finalidad de que la Empresa de Servicios Públicos del Meta SA E.S.P. (EDESA) llevara a cabo ciertos proyectos para proveer agua potable y saneamiento básico en el departamento.
Tiempo después, la Procuraduría abrió una investigación en su contra por considerar que violó el principio de selección objetiva y la sancionó en el año 2008. A juicio de la exfuncionaria la entidad demandada se centró en cuestionar el tipo de contratación que se adelantó, sin desvirtuar que se cumpliera el objeto y sin haber demostrado que se causó un daño al erario.
Para el Consejo de Estado la sancionada no aplicó la regla general que obligaba a realizar la licitación pública, ni tuvo en cuenta la falta de capacidad financiera que tenía EDESA para cumplir con el contrato. Entonces, su deber era asesorar adecuadamente al departamento para advertirle sobre los posibles problemas financieros que se generarían del convenio interadministrativo, sin embargo, no lo hizo.
En conclusión, los consejeros de la Sección Segunda negaron las pretensiones de la demanda y dejaron en firme la inhabilidad y destitución de la exasesora.
Fuente: consejodeestado.gov.co
