La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó el Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año 2020. En particular, en el informe se evalúan los elementos de derechos humanos que fueron contemplados en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
De las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada para la situación en Colombia se resaltan las siguientes:
“(a) Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a una mejoría de la situación de derechos humanos.
(…)
(c) Reitera la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, responsables de homicidios y masacres, que atenten contra personas defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales o movimientos políticos.
(…)
(g) Llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos, en línea con la decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020, y a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso, incluyendo la sanción a los responsables de las violaciones cometidas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá.
(…)
(j) Urge al Estado preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera; urge a todas las instituciones del Estado articularse y cooperar con el Sistema Integral, a fin de asegurar el cumplimiento de su mandato, conforme al Acuerdo de Paz; y urge al Estado garantizar la protección efectiva de quienes integran el Sistema y de las víctimas y testigos que participan en él.”
Adicionalmente, en el informe se resalta la necesidad de aportar a la diversidad y al cuidado del medio ambiente. En ese sentido, se recomienda al Estado colombiano la formulación de protocolos para el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes y, la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Fuente: hchr.org.co
