El pasado 10 octubre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú con 119 votos a favor. Ahora, pasará a conciliación del Congreso y luego a sanción presidencial para que se convierta en ley de la república.
Es preciso recordar que el Acuerdo de Escazú se estructura en 4 pilares: Derecho al Acceso de Información Ambiental, Participación Pública en Asuntos Ambientales, Acceso a Justicia Ambiental y Defensores de Derechos Humanos en materia ambiental.
El primero de ellos establece que la información ambiental que tengan las entidades públicas debe ser difundida con un lenguaje sencillo y de fácil operación para que la ciudadanía pueda utilizarla. Toda la información estará relacionada con la afectación del medio ambiente y la salud humana.
El segundo pilar, del artículo 7°, dispone la obligación de los Estados en establecer espacios y mecanismos de participación pública para la toma de decisiones sobre proyectos, actividades o políticas públicas que tengan impactos ambientales o riesgos en la salud humana. Adicionalmente, las entidades involucradas en el proceso de decisión deberán tener en cuenta los saberes locales de las comunidades, razón por la cual estas deberán estar plenamente identificadas.
Por su parte, el pilar sobre Acceso a Justicia Ambiental debe asegurar que el Estado cuente con instituciones especializadas en materia ambiental y acceso a medidas cautelares para prevenir, detener, mitigar o recomponer el daño ambiental que genere algún proyecto.
Por último, los Defensores de Derechos Humanos en materia ambiental deben contar con el debido reconocimiento y protección por parte del Estado para que puedan desarrollar sus actividades de manera pacífica, ya que lo ideal es que no sufran amenazas ni limitaciones a sus derechos de asociación o libertad de opinión y expresión.
Para la líder ambiental arhuaca, Ati Gunnawi Viviam Villafaña, la aprobación del Acuerdo permitirá “que se comiencen a materializar las acciones en el territorio y se disipen conflictos que ponen a las comunidades vulnerables en una posición bastante delicada. Lo cierto es que la comunicación efectiva de estas comunidades garantizará transparencia y democracia en estos ejercicios”.
Fuente: camara.gov.co
